La inspección laboral, herramienta encargada de promover y vigilar el cumplimiento de los derechos laborales en México, enfrenta un panorama de falta de recursos —presupuestales, tecnológicos, humanos y conceptuales— y de coordinación interinstitucional, que afecta su capacidad de incidir en la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras del país. Esta es una de las conclusiones del informe Inspeccionando la inspección en México: el caso de la industria indumentaria, presentado por Intersecta, ProSociedad, Igualab, Colectivo Raíz, ProDesc y Vida Plena Puebla, con el apoyo de la Iniciativa Arropa de Fundación Avina y Fundación C&A.
El informe, construido de manera colectiva por estas seis organizaciones de la sociedad civil, analiza la inspección laboral en México a nivel federal y local en seis entidades prioritarias en las que la industria indumentaria tiene una presencia importante —Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Puebla y Tlaxcala— con un foco en el potencial de la inspección para promover mundos del trabajo libres de discriminación y violencia. La investigación se basó en 566 solicitudes de acceso a la información pública, así como en análisis jurídico y entrevistas a personas inspectoras del trabajo y personas trabajadoras de la industria indumentaria.
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