El 5 de febrero de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Entre ellas, se incluye una relacionada con la prisión preventiva oficiosa. El 13 de agosto de este año, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen de la reforma, y hace una semana, el Pleno de esta Cámara aprobó la Minuta del Proyecto de Decreto para ser enviada a la Cámara de Senadores.
El proyecto de reforma busca modificar el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, para incluir al delito de extorsión, distintos delitos fiscales y diversos delitos contra la salud relacionados con drogas, con un foco particular en drogas sintéticas, como el fentanilo.
La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que, de acuerdo con distintas autoridades internacionales de derechos humanos, vulnera los derechos humanos. En este documento, queremos enfocarnos en los riesgos particulares que supone ampliar esta figura para perseguir las actividades relacionadas con el uso y tráfico ilícito de fentanilo y sustancias sintéticas.
En primer lugar, puede contribuir a la continuidad de la guerra contra el narcotráfico y producir graves afecciones a los derechos humanos. En segundo lugar, limita el acceso efectivo a la salud para quienes más lo necesitan; y en tercer lugar, puede aumentar la cantidad de delitos contra la salud que se judicializan y aplican de forma desproporcionada sobre las poblaciones más vulnerables en el país.
Nos preocupa el impacto que esta reforma puede tener en las vidas de miles de personas, sus familias y comunidades. Más que garantizar la seguridad, puede exacerbar las desigualdades existentes y generar mayor criminalización a través de la continuidad de una guerra fallida.
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