Criminalización y desigualdad: los riesgos de la prisión preventiva oficiosa para el narcomenudeo

El 5 de febrero de 2024, el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Entre ellas se incluye una relacionada con la prisión preventiva oficiosa. El 13 de agosto de 2024, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados discutió y aprobó el dictamen de la reforma, por lo que está pendiente de ser discutida en el Pleno de esta Cámara.

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Esta propuesta busca ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa para incluir al delito de extorsión, distintos delitos fiscales, así como diversos delitos contra la salud relacionados con drogas, entre los que se incluye el narcomenudeo. El presente documento, realizado por Intersecta en conjunto con Elementa DDHH, México Unido Contra la Delincuencia y el Instituto RIA, se enfoca en  el análisis de las implicaciones de la inclusión del narcomenudeo a dicho catálogo. 

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Resumiendo nuestra preocupación: considerando que los delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo son los que más se judicializan en el país y que, por lo general, se aplican de forma desproporcionada sobre personas usuarias, jóvenes, de escasos recursos, racializadas, quienes son detenidas por el delito de posesión simple. Nos preocupa el impacto que está reforma puede tener en  las vidas de miles de personas, sus familias y comunidades. Más que garantizar la seguridad, puede exacerbar las desigualdades existentes y generar mayor criminalización.