En México, las fuerzas armadas (Sedena, Semar, Guardia Nacional) reciben cada vez más presupuesto y funciones civiles para llevar a cabo labores para las que no están facultadas. A través de un complejo entramado de convenios, acuerdos, decretos y reformas —tanto constitucionales como legislativas—, se les transfieren múltiples funciones y presupuestos civiles. Lo anterior lo revela el proyecto del Inventario Nacional de lo Militarizado, realizado por el Programa de Política de Drogas (PPD), México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) e Intersecta.
El Inventario Nacional de lo Militarizado es una base de datos que busca documentar la militarización en México y contribuir a identificar y entender los mecanismos legales a través de los cuales sucede, los actores públicos que participan en estos procesos y los argumentos utilizados para justificar su actuación. La publicación del Inventario se acompaña de un informe de hallazgos que incluye un análisis de lo que implican estas transferencias para la democracia y los derechos humanos.
Para entender estas transferencias, el Inventario registra cuatro mecanismos que las posibilitan: reformas constitucionales, reformas legislativas federales, acuerdos y decretos presidenciales; y convenios y acuerdos particulares firmados entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles.
Respecto a las iniciativas de reforma constitucional y legislativa, en las últimas seis legislaturas se han presentado 87 iniciativas de este tipo. La gran mayoría (77%) se ha presentado en las dos legislaturas más recientes, de mayoría morenista. Morena es el partido político que ha presentado más iniciativas para aumentar las facultades de las fuerzas armadas, siendo responsable de 46% de las iniciativas presentadas. De las 87 iniciativas presentadas, se ha aprobado el 16%: dos reformas constitucionales y doce reformas legislativas. Todas menos una fueron aprobadas después de 2018.
El Inventario también analiza la militarización a través de decretos o acuerdos emitidos desde el Ejecutivo Federal para ampliar las facultades militares. En total, se documentaron 19 acuerdos de este tipo, todos emitidos en el actual sexenio. La mayoría crea empresas de participación estatal bajo control de las fuerzas armadas y les permiten participar en las obras prioritarias del gobierno, como el Tren Maya.
Otro mecanismo que posibilita que las fuerzas armadas reciban presupuesto y funciones civiles son los acuerdos y convenios firmados entre instituciones militares e instituciones civiles de los tres órdenes de gobierno. El Inventario registra que entre 2007 y 2022 hubo 258 convenios que transfirieron funciones o presupuesto civiles a las fuerzas armadas: 222 convenios que transfirieron funciones civiles con sus respectivos presupuestos, 8 convenios con funciones civiles y sin presupuesto y, finalmente, 28 convenios que transfirieron presupuestos civiles para funciones militares. En estos casos, por ejemplo, hay entidades federativas que pagan a las fuerzas armadas para construir cuarteles militares u otra infraestructura militar.
Si bien esta transferencia de funciones y presupuestos ha sido un fenómeno transexenal, desde 2010 se observa un incremento constante de los convenios celebrados entre las autoridades civiles y las instituciones militares. De acuerdo con los datos analizados, este aumento alcanzó su punto máximo en 2019, año en el que se registraron 43 convenios. Si se analizan los convenios y acuerdos firmados entre instituciones federales con las fuerzas armadas, en el sexenio de Calderón se firmaron 21 y en el de Peña Nieto 55, mientras que en los cuatro años estudiados del sexenio de López Obrador se firmaron 51.
Los registros contenidos en el Inventario muestran que actualmente muchas de las transferencias de funciones civiles ocurren a través de convenios entre las fuerzas armadas con distintas instituciones civiles. Estos convenios son entre partes, por lo que suelen ocurrir fuera del debate público y son, además, de difícil acceso.
El Informe del Inventario también aporta cuatro argumentos por los que la militarización es problemática. Primero, porque es un proceso que va en contra de la Constitución. Segundo, porque las fuerzas armadas se manejan bajo un régimen especial y, por lo tanto, no están sujetas a las mismas obligaciones y controles que las instituciones civiles, aunque estén llevando a cabo las mismas funciones. Tercero, porque la evidencia empírica de México demuestra que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública no solo no ha logrado contener la violencia, sino que ha contribuido a exacerbarla. Cuarto, porque la evidencia desde la experiencia comparada —los procesos de militarización en otros países— muestra que existe una relación negativa y significativa entre la militarización y la democracia.
El Inventario documenta solo una parte de la militarización, aquella a la que se pudo tener acceso. En esta página, en la sección de documentos de descarga, puedes acceder al informe, el resumen ejecutivo y el comunicado de prensa.
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